9.4 Obligaciones Legales de una Página Web

9.4 Obligaciones Legales de una Página Web

Preocuparnos por el aspecto, el contenido y la funcionalidad de una página Web es muy importante, pero no hay que descuidar el cumplimiento de las obligaciones legales, que permitirán no solo evitar sanciones administrativas sino también trasladar la imagen de seriedad de la empresa y reforzar la confianza de los clientes.

Las obligaciones legales que afectan a las empresas que no están en Internet, también se aplican a las empresas que disponen de una página web. Pero además de esto, toda empresa que lleve a cabo una actividad económica a través de su página web (ya sea mediante comercio electrónico o a través de la publicidad), deberá implantar las obligaciones impuestas por la normativa en materia de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico que se detallan a continuación:

Obligaciones en el tratamiento de datos personales

Para gestionar un negocio es inevitable llevar a cabo el tratamiento de datos personales de clientes, proveedores, empleados, etc. Es por ello que todas las empresas, independientemente de que tengan una página web o no, deberán registrar en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) los ficheros de datos personales con los que trabajan y aplicar una serie de medidas de seguridad sobre éstos para garantizar su integridad y confidencialidad, tal y como establece la legislación en materia de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD y su reglamento de desarrollo).

En el caso de que una empresa disponga de página web y recabe datos personales a través de formularios web o por correo electrónico, deberá obtener el consentimiento previo e informar en cada caso sobre la finalidad de la recogida de dichos datos, de quién será el encargado de llevar a cabo el tratamiento, de si sus datos van a ser cedidos a otra entidad, así como ofrecer un medio gratuito al que puedan dirigirse los titulares de los datos para hacer efectivos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del tratamiento.

Para cumplir con esta obligación se recomienda situar un aviso legal con esta información en un lugar siempre visible de la página web, y también debajo de cada formulario de recogida de datos, añadiendo una casilla inicialmente desmarcada “he leído el aviso legal y acepto las condiciones” de forma que se presente como ineludible para poder enviar el formulario.

Propiedad Intelectual de los contenidos de la página web

La Ley de Propiedad Intelectual reconoce todos los derechos a los propietarios de cualquier tipo de contenido web, ya sea texto, imágenes, logos, diseños o cualquier otro formato digital. Tenemos que ser conscientes de que nuestra empresa es la responsable del contenido que se muestre en nuestra web, independientemente de que haya sido diseñada y desarrollada por un tercero. Es por ello que debemos ir con cuidado a la hora de dotar y actualizar su contenido, comprobando que toda la información que subimos haya sido generada por nosotros, o bien que contamos con la preceptiva autorización de los titulares de los contenidos.

Los autores de páginas web generalmente definen las condiciones de uso de sus contenidos en el aviso legal de su web. Podremos encontrarnos diferentes tipos de licencias, desde la protección total (copyright, todos los derechos reservados) hasta la mayor permisividad de reutilización, siempre que se reconozca la autoría (gracias a licencias libres como Creative Commons, http://creativecommons.org).

De esta forma, si contratamos el desarrollo de nuestra página web a un proveedor, éste nos deberá garantizar que los diseños e imágenes que utiliza, o bien son de su propiedad y nos los cede, o en su defecto tiene la autorización del propietario de las imágenes para poder colocarlas en nuestra web.

Obligaciones de Información en la página web

1. Identidad Corporativa

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) establece la obligatoriedad de publicar en un lugar siempre visible de la página web la siguiente información sobre la empresa:

• Denominación social, número de identificación fiscal y los datos de su inscripción en el Registro Mercantil.
• Si la actividad está regulada: información de autorizaciones administrativas, título, colegio profesional, etc.
• Residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España.
• Dirección de correo electrónico, teléfono o cualquier otro dato que permita establecer una comunicación directa y efectiva con la empresa.

Asimismo, es necesario informar si se está adherido a algún sello de confianza, y dónde y cómo contactar en caso de necesitar realizar cualquier consulta para pedir información, aclarar alguna duda, o realizar una reclamación.

2. Condiciones de compra

Cuando en la página web se puedan comprar productos o contratar servicios, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) establece la obligación de informar al cliente durante todo el proceso, de forma guiada y permitiendo en cualquier momento volver al paso anterior.

Además, se deberá poner a disposición de los usuarios, en un lugar accesible de la página web, las Condiciones Generales de Contratación, donde se refleje información relativa a los trámites que se han de llevar a cabo, las condiciones a las que está sujeto el contrato, la lengua o lenguas en que podrá formalizarse, si se va a archivar el documento electrónico y podrá ser accesible posteriormente, los medios de pago disponibles, los gastos de transporte, etc.

Cuando se finalice la contratación se debe confirmar al cliente que hemos recibido su aceptación, ya que se entiende que un contrato se ha formalizado cuando el comprador acepta la oferta y el vendedor conoce dicha aceptación. Esto se puede hacer mostrando una confirmación una vez finalizada la compra, de forma que el consumidor pueda imprimir la página, o enviando un correo electrónico de aceptación dentro de las 24 horas siguientes.

3. Precio final

Los precios que se muestren en la pantalla de confirmación de compra deben ser los precios finales, incluyendo impuestos, tasas, gastos de envío y demás costes que puedan ser aplicados.

El IVA que se aplica en el comercio electrónico es el correspondiente al país donde la empresa tiene su sede. Si vendemos dentro de España, habrá que tener en cuenta que las ventas realizadas a consumidores que residan en Canarias están exentas de IVA (será el propio consumidor quien deba pagar en el destino el IGIC, los costes de aduana y del despacho). Si vendemos a otro país de la UE y el volumen de ventas excede de una cantidad establecida (dependiendo del país, varía entre 35.000 euros a 100.000), tendremos que registrarnos a efectos de IVA en ese país y aplicar su tipo de IVA.

También conviene saber que para los servicios prestados por vía electrónica hay un régimen especial del IVA aplicable en toda Europa. Para más información, podemos consultar la Web de la Agencia Tributaria: www.aeat.es

4. Uso de Cookies

Cuando en la página web utilicemos cookies para almacenar información de la navegación del usuario (por ejemplo, para recordar preferencias de visualización, o la clave de usuario y contraseña y que el usuario no tenga que introducirla cada vez que accede a nuestra web), se debe informar de forma clara sobre su utilización y finalidad, y de cómo se puede rechazar la instalación de cookies mediante el navegador web.

Para cumplir con estas obligaciones de información sería suficiente con informar de estos aspectos en el aviso legal o en las condiciones generales de contratación de la web.

Cuestiones legales en la entrega y servicio posventa

Cuando hablamos de un negocio de comercio electrónico, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece determinados derechos de los consumidores en relación a las entregas, devoluciones y garantías de los productos:

• Plazo de entrega: el plazo máximo es de 30 días, salvo que se haya llegado a otro acuerdo.
• Producto no disponible: el consumidor debe recibir el producto que haya comprado pero, en caso de que no esté disponible, debemos informarle con suficiente antelación y ofrecer la posibilidad de devolverle el dinero en un plazo máximo de 30 días o enviarle otro producto similar o de superior categoría.
• Plazo de devolución: por ley, el comprador tiene un plazo de como mínimo 7 días hábiles desde que recibe el producto para poder devolverlo sin necesidad de dar ninguna explicación. Es lo que se conoce como derecho de desistimiento. Como es lógico, algunos productos no podrán ser devueltos, como por ejemplo, aquellos que sean perecederos o los personalizados. En caso de desistimiento, todos los gastos de transporte asociados al envío y a la devolución correrán por cuenta del cliente, debiendo el comercio devolverle el importe íntegro del producto en un plazo máximo de 30 días. Si no se respeta este plazo, el consumidor puede exigir que se le devuelva el doble de la cantidad pendiente, pudiendo solicitar, además, una indemnización por daños y perjuicios si éstos se producen.
• Productos que llegan deteriorados: Cuando un producto llegue deteriorado a su destino o no funcione, el comercio deberá encargarse de la reparación o sustitución en un tiempo razonable y sin ningún coste para el comprador (ni gastos de envío ni mano de obra).
• El vendedor debe ofrecer una garantía obligatoria de dos años desde la fecha de entrega para subsanar las faltas de conformidad en el producto y repararlo o sustituirlo. En el caso de las ventas por Internet, la entrega se entiende hecha en el día que figure en la factura, o en el albarán de entrega correspondiente si éste fuera posterior. En el caso de productos de segunda mano, la empresa y el consumidor podrán pactar un plazo menor, pero en ningún caso podrá ser inferior a un año (no se aplica a compras de segunda mano donde el vendedor es un particular que actúa al margen de una actividad empresarial).

  Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega ya existían cuando la cosa se entregó. A partir del sexto mes, el consumidor deberá  demostrar que la falta de conformidad existía en el momento de la entrega del bien, esta prueba normalmente consistirá en informes periciales o a indicios que lleven a la convicción de que el defecto era originario.También habrá que tener en cuenta que la reparación y la sustitución suspenden el cómputo de los plazos de garantía durante los cuales el consumidor puede reclamar. El período de suspensión comenzará desde que el  consumidor ponga el producto a disposición del vendedor y concluirá con la entrega al consumidor y usuario del producto ya reparado. Además, durante los seis meses posteriores a la entrega del producto reparado, el vendedor responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación, entendiéndose que se trata de la misma falta de conformidad cuando se reproduzcan en el producto defectos del mismo origen que los  inicialmente manifestados.

• En las compras por Internet, el lugar de formalización de un contrato electrónico es una cuestión importante, pues determina la jurisdicción de los tribunales competentes para resolver en caso de conflicto.En este punto, debe tenerse en cuenta que si la venta se realiza a un consumidor, el lugar de celebración del contrato será en el lugar de residencia del consumidor. Cuando la venta se formalice entre empresarios, si no se acuerda otra cosa, se presumirá celebrado en el lugar en que esté establecido el vendedor.